La venta de boletos para los conciertos de BTS en México trascendió el ámbito del entretenimiento y colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en el centro de la conversación, incluso fuera del país. A inicios de 2026, la mandataria abordó el tema desde Palacio Nacional, luego de que seguidoras del grupo de K-pop, conocidas como ARMY, manifestaran su preocupación por la falta de claridad en los procesos de preventa del próximo tour internacional.
El regreso de BTS a los escenarios mexicanos, tras años de ausencia, desató una demanda masiva que encendió alertas entre los fans ante posibles irregularidades como precios variables, cargos adicionales y escasa información por parte de las empresas organizadoras.
Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solicitó a Ocesa y Ticketmaster transparentar costos, fechas y condiciones de venta, con el objetivo de prevenir afectaciones a los consumidores.
Durante una conferencia matutina, Sheinbaum reconoció el interés que el fenómeno BTS genera entre las juventudes y respaldó las inquietudes expresadas por las seguidoras del grupo, señalando la relevancia social y cultural que tienen este tipo de espectáculos. Sus declaraciones reforzaron la atención pública sobre el papel del gobierno en la supervisión de eventos masivos.
Profeco informó que recibió miles de quejas relacionadas con la comercialización de boletos, lo que motivó acciones preventivas para evitar prácticas abusivas y garantizar el derecho a la información clara. La intervención fue presentada como un mecanismo para proteger a los asistentes en eventos de alta demanda.
El caso llamó la atención de medios de comunicación en Corea del Sur, donde se destacó que una presidenta en funciones respondiera públicamente a las demandas de un fandom.
La cobertura internacional subrayó el debate en torno a los esquemas de precios y la presión organizada de los consumidores, un tema que también genera discusión en la industria del entretenimiento asiática.
Más allá del anuncio de conciertos, el regreso de BTS a México abrió una conversación global sobre la relación entre promotores, autoridades y audiencias. La movilización de ARMY y la respuesta institucional posicionaron a México como un referente en la discusión sobre regulación y derechos del consumidor en espectáculos de gran escala.
