El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando una medida que podría cambiar la forma en que se manejan las deportaciones en su país.
Este viernes, planea invocar una ley de 1798 conocida como la «Ley de Enemigos Extranjeros», que le daría la facultad de detener y deportar a ciudadanos y nativos de otros países sin la necesidad de una audiencia judicial.
La ley, que no se ha utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, fue diseñada originalmente para tratar con situaciones de guerra y amenaza extranjera.
Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump recurrirá a esta ley con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas, especialmente de personas que son vistas como una amenaza para la seguridad nacional, como pandillas extranjeras y redes criminales.
En su discurso inaugural, Trump ya había dejado claro que su gobierno estaría dispuesto a tomar medidas drásticas contra lo que considera una invasión de delitos provenientes del extranjero.
«Vamos a usar el poder total de la ley para eliminar las pandillas extranjeras que traen crímenes devastadores a nuestra nación», comentó en enero.
Aunque no se han dado detalles específicos sobre qué tipo de migrantes serían afectados, la ley podría ir más allá de los que han llegado a través de la frontera sur con México.
También podría aplicarse a extranjeros de otras partes del mundo, como el caso del palestino Mahmoud Khalil, quien enfrenta cargos por terrorismo, acusado de apoyar al grupo Hamás. Su detención y la posible deportación han causado protestas en Nueva York.
La «Ley de Enemigos Extranjeros» es una de las más antiguas en el sistema legal estadounidense y ha sido motivo de controversia debido a su uso en el pasado, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se empleó para encarcelar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés, lo que se considera uno de los episodios más oscuros de discriminación en la historia del país.
Este nuevo movimiento de la administración Trump sin duda reavivará el debate sobre inmigración y derechos humanos en Estados Unidos, mientras muchos se preguntan si esta medida realmente solucionará los problemas de seguridad, o si abrirá la puerta a más abusos y violaciones de derechos fundamentales.
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