El ataque armado ocurrido en Teotihuacán, en el que se señala a Julio César Jasso como responsable, detonó una nueva discusión sobre el estado de la salud mental en México y su impacto en la violencia juvenil. Analistas advierten que reducir el caso a un diagnóstico individual no permite entender la dimensión real del problema.
En el país, una parte considerable de la población ha enfrentado algún padecimiento mental, pero el acceso a atención sigue siendo limitado. La baja disponibilidad de especialistas y la falta de infraestructura dificultan que quienes necesitan ayuda la reciban a tiempo.
Para el especialista Alberto Guerrero Baena, del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, calificar al agresor con términos clínicos de forma pública simplifica una situación que involucra factores sociales, culturales e institucionales.
El experto también señala que en México persiste una resistencia a hablar abiertamente sobre salud mental, una conducta que ha sido analizada por figuras como Octavio Paz y Samuel Ramos en sus reflexiones sobre la identidad y el comportamiento social.
A este panorama se suma la falta de continuidad en estrategias gubernamentales. Programas de prevención y atención han perdido relevancia con el tiempo, mientras instituciones como la Secretaría de Educación Pública han reducido su enfoque en este tema.
Especialistas coinciden en que hechos como el de Teotihuacán no responden a una sola causa, sino a la combinación de aislamiento, miedo, influencia de contenidos violentos, crisis de valores y el entorno digital. Un contexto que, advierten, exige políticas más sólidas y una atención integral a la salud mental, especialmente entre los jóvenes.
