Zarutska, también conocida como Ira, había llegado a Estados Unidos junto a su madre y hermanos tras huir de la guerra en Ucrania
El expresidente Donald Trump expresó su condena por el asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años que fue apuñalada en un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte, el pasado 22 de agosto.
El crimen, captado por cámaras de seguridad y difundido días después, ha sido aprovechado por Trump como ejemplo de lo que él califica como el fracaso de las políticas de seguridad pública en ciudades administradas por demócratas.
Durante un discurso en el Museo de la Biblia en Washington D.C., Trump utilizó el caso para reforzar su postura a favor del uso de agentes federales y tropas de la Guardia Nacional en ciudades como Chicago, argumentando que los gobiernos locales han perdido el control del crimen.
“Cuando ocurren actos tan atroces, hay que responder con medidas contundentes”,
Declaró el exmandatario, reiterando su crítica hacia Chicago, ciudad que ha sido blanco frecuente de sus comentarios tanto en actos públicos como en redes sociales. Las autoridades locales, incluyendo el alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois J.B. Pritzker, han rechazado esta narrativa y se han opuesto a la posible intervención federal.
Zarutska, también conocida como Ira, había llegado a Estados Unidos junto a su madre y hermanos tras huir de la guerra en Ucrania. Su familia la describió como una joven creativa y apasionada, con estudios en arte y restauración en Kiev y aspiraciones de convertirse en asistente veterinaria.
El agresor fue identificado como Decarlos Brown, de 34 años, quien fue arrestado en el lugar del ataque. Actualmente enfrenta cargos estatales por homicidio en primer grado y un cargo federal por causar una muerte en un sistema de transporte público, delito que podría conllevar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Brown fue internado en un hospital para una evaluación de salud mental por orden judicial.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre por qué Brown estaba en libertad, pese a tener un historial de 14 antecedentes penales, incluyendo robo a mano armada.
Según informes, había sido arrestado en enero por uso indebido del 911 y liberado posteriormente con indicación de someterse a una evaluación psiquiátrica. Su madre declaró que intentó que fuera internado de manera involuntaria tras varios episodios violentos en casa. Médicos confirmaron que padece esquizofrenia.
Funcionarios y aliados de Trump han aprovechado el caso para criticar las políticas criminales de líderes locales. La exfiscal Pam Bondi calificó el asesinato como consecuencia directa de políticas permisivas con los delincuentes y afirmó que buscarán la pena máxima contra Brown. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, culpó a las autoridades de Charlotte por no haber actuado antes para encarcelarlo.
A pesar de las críticas, estadísticas recientes del departamento de policía indican que la criminalidad violenta en Charlotte ha disminuido un 25% en lo que va de 2025 en comparación con el año anterior. La alcaldesa Vi Lyles lamentó profundamente el crimen y aseguró que su administración continúa comprometida con garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
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