La administración Biden, a través de su portavoz Karine Jean-Pierre, expresó su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de permitir la implementación de una controvertida ley migratoria en Texas.
Esta legislación, denominada SB4, concede a las autoridades de Texas el poder para detener y expulsar a personas que ellos perciban «sospechosos» de haber cruzado la frontera sur de manera irregular. Jean-Pierre calificó la ley como «inconstitucional».
La jefa de prensa de la Casa Blanca agregó que la legislación, aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, representa la «politización de la frontera por parte de los republicanos». Indicó que la normativa «no solo incrementará la inseguridad en las comunidades de Texas, sino que también generará una carga para las autoridades locales, provocará caos y confusión en nuestra frontera sur».
La decisión del Tribunal Supremo de este martes permitirá que las autoridades del estado sureño apliquen esta nueva ley mientras un tribunal de menor instancia revisa una demanda presentada por el gobierno de Biden y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más severas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el ingreso o intento de ingreso al estado desde una nación extranjera de manera irregular. En caso de reincidencia, este delito se convierte en grave, con una pena de hasta 20 años de prisión.
Además, la iniciativa otorga poder a la justicia estatal para ordenar la expulsión de personas sin un proceso legal. Asimismo, autoriza a los oficiales de policía a arrestar a cualquier individuo sospechoso de haber ingresado al país de manera irregular, con la facultad discrecional de expulsarlo a México en lugar de arrestarlo.
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