Monterrey, Nuevo León. – Este lunes, la directora del Instituto de la Juventud Regia (INJURE), Maday Cantú, acompañada de representantes de varios institutos de la juventud de la zona metropolitana, presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del aumento en las tarifas del transporte público que entrará en vigor este martes.
Los jóvenes hicieron un llamado a las autoridades locales para frenar el incremento, argumentando que afecta gravemente el acceso a la educación y la movilidad de miles de estudiantes.
El aumento de las tarifas, que impacta directamente en la vida diaria de los estudiantes, ha sido calificado como una medida que limita el derecho de los jóvenes a trasladarse de manera accesible hacia sus centros educativos. Según Cantú, esta alza no solo repercute en las finanzas de los estudiantes, sino que también representa un obstáculo para el cumplimiento de sus metas académicas y laborales.
«Estamos aquí no por razones políticas, no es un tema de partidos ni de colores, sino por el compromiso de los servidores públicos de generar políticas inclusivas que impulsen a los jóvenes a seguir adelante con sus estudios y metas. Hoy se nos está negando ese derecho, se nos está limitando», explicó Cantú, al tiempo que expresó su rechazo al aumento.
El aumento de las tarifas del transporte público se presenta como un desafío para muchos jóvenes, especialmente para aquellos que dependen del sistema de transporte para acceder a sus centros educativos.
Según datos del Censo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) realizado en 2020, el 67% de sus estudiantes utiliza el metro o rutas urbanas para desplazarse, invirtiendo en promedio hasta 100 pesos diarios en transporte.
Esta situación resalta la necesidad de un sistema de transporte público accesible que no solo garantice el acceso a la educación, sino que también sea considerado un derecho fundamental para todos los ciudadanos.
Para los representantes juveniles, la movilidad es clave para asegurar la igualdad de oportunidades en educación y empleo, y el aumento en la tarifa del transporte público pone en peligro estos derechos fundamentales. De este modo, hacen un llamado urgente a las autoridades para reconsiderar la medida y encontrar soluciones que no perjudiquen a los estudiantes y la comunidad en general.
About the Author
