Tras meses de incertidumbre, la señora Alejandra y su familia recuperaron legalmente su hogar luego de haber sufrido un violento despojo. La restitución del inmueble se ejecutó mediante una orden judicial gestionada por el litigante Candelario Maldonado, revirtiendo el operativo irregular que en su momento encabezó el activista Patricio “Pato” Zambrano junto a un grupo de supuestos asesores.
A través de una transmisión en sus redes sociales, el abogado Maldonado documentó el momento en que el Poder Judicial otorgó nuevamente el acceso a los legítimos moradores, sepultando las acciones fuera de la ley que los habían dejado en la calle.
“Se está dando acceso por parte del Poder Judicial. Existe la certeza jurídica de que la señora Alejandra mantenía una posesión legal y pacífica de este domicilio, el cual le fue arrebatado de forma violenta, agresiva y sin sustento jurídico alguno”, puntualizó el defensor durante la diligencia.
Consecuencias legales por «justicia por propia mano»
El representante legal enfatizó que el caso sienta un precedente contra quienes intentan violentar el Estado de derecho. Asimismo, advirtió que las acciones legales continuarán penalmente contra todos los involucrados en el atropello, señalando que el impacto emocional y moral causado a la familia es «imperdonable».
Actualmente, el panorama judicial para los participantes del despojo se ha complicado:
- Asesores vinculados a proceso: Tres presuntos cómplices, identificados como Jorge «N» (66 años), Adriana «N» (42 años) y Dominga «N» (68 años), ya fueron arrestados y vinculados a proceso por el delito de despojo de inmueble.
- Falsos activistas: Los detenidos operaban bajo las siglas de una supuesta «Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales», organismo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ya desconoció oficialmente por carecer de toda validez.
En la mira de la Fiscalía
Respecto a Patricio “Pato” Zambrano, señalado como el líder del operativo irregular que fue presumido en plataformas digitales, su situación jurídica podría agravarse en los próximos días.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó recientemente que se encuentra integrando la carpeta de investigación y analizando la emisión de una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en estos hechos ilícitos.
